Hay momentos que no se eligen, pero que definen. Para quienes ejercimos la función jurisdiccional federal, la memoria profesional está marcada por instantes que permanecerán grabados con tinta indeleble: el examen aprobado tras años de estudio, el juramento pronunciado con la certeza de servir al país, la toga vestida por primera vez, la primera audiencia, la primera sentencia. Esos recuerdos conviven hoy con otros igualmente determinantes: el cese generalizado de funciones, la interrupción abrupta de una trayectoria construida con rigor; para algunas, el día de la declinación a participar en las elecciones; para otras, el ejercicio de la judicatura en medio de constantes embates. También, para muchas, el último día como juzgadoras federales. No son hechos aislados: conforman una experiencia colectiva que hoy exige ser pensada, nombrada y resignificada.

La abogacía ha sido para nosotras mucho más que una profesión. Fue y sigue siendo una vocación profundamente ligada a la idea de justicia, de servicio público y de responsabilidad ética. Acceder a la judicatura mediante concursos de oposición no solo implicó excelencia técnica y académica, sino la convicción firme de que el derecho es una herramienta de transformación social. Para nosotras, como mujeres, además significó abrir camino en estructuras históricamente resistentes a nuestra presencia, a nuestras voces y a nuestras realidades.

Durante años sostuvimos carreras exigentes junto con responsabilidades de cuidado, vida personal y compromisos familiares. Para algunas, el compromiso con la función jurisdiccional implicó incluso cambiar de residencia, iniciar en territorios lejanos a nuestras familias y construir trayectorias sin redes de apoyo cercanas.
Nada de ello nos fragmentó. Por el contrario, nos fortaleció.

De esa experiencia emergieron capacidades que hoy nos definen: resiliencia frente a la adversidad, disciplina, organización compleja, reinvención constante y una profunda sensibilidad social que dio dimensión humana a nuestras decisiones jurisdiccionales. Estas competencias no se disuelven con el cierre de una etapa
institucional; constituyen la base sólida de lo que somos y de todo lo que aún podemos construir.

El contexto actual marca una ruptura sin precedentes. La carrera judicial dejó de ser el camino para acceder a la función jurisdiccional federal y todas las juzgadoras fuimos cesadas. Este hecho produjo una herida institucional que atraviesa lo profesional y lo personal, que impacta proyectos de vida y redefine identidades construidas con años de entrega y convicción.

Estamos en duelo: por los proyectos interrumpidos, por la identidad forjada, por el espacio desde el cual ejercimos la función pública con dignidad. Nombrar este
duelo es un acto de valor y de resistencia; negarlo sería renunciar a nuestra propia historia. Sin embargo, este no es un relato de derrota. Es un relato de fortaleza: de
mujeres valientes, integrantes de la última generación de juzgadoras formadas en la carrera judicial, conscientes del valor de lo construido.

Compartimos el duelo. Lo vivimos en lo individual y en lo colectivo, pero lo transformamos en conciencia y en horizonte. El dolor se convirtió en resiliencia; la pérdida, en claridad. Comprendimos que nuestra historia profesional sigue vigente y que fuimos, somos y seremos inspiración para otras mujeres que miran en nuestra
trayectoria una posibilidad, una que continua, ahora en distintas dimensiones.

Con esa certeza enfrentamos el primer día del resto de nuestras vidas desde un lugar distinto: respaldadas por una trayectoria sólida, una experiencia acumulada
y una ética incuestionable. No comenzamos de nuevo; continuamos desde otro lugar. La experiencia judicial nos otorga legitimidad para incidir, proponer y liderar
desde múltiples espacios. Nuestra voz tiene peso, memoria y futuro.

Para quienes ya concluimos en la función jurisdiccional, tenemos claro, que la abogacía abre un horizonte amplio y fértil. La docencia, la investigación, el litigio
estratégico, la defensa de derechos humanos, la asesoría especializada y la incidencia pública son territorios donde nuestra experiencia puede multiplicar su
impacto y desde los cuales podemos seguir construyendo justicia. También, sabemos que no será sencillo incorporarnos de manera abrupta a algunos de estos
espacios, especialmente cuando durante años se nos exigió legalmente una distancia absoluta. Aun así, lo estamos realizando, algunas incluso alejadas de
nuestras familias, otras desde diversas latitudes, países y otras incursionando en materias diferentes. También esta siendo complicado para quienes continúan en la
función, al enfrentarse diariamente a circunstancias adversas.

Lo cierto es que todas estamos convencidas, que esta situación nos dejó aprendizajes fundamentales. Reconocimos la potencia de nuestra voz, su legitimidad y su alcance. Ahora, nadie podrá silenciarnos. Seguiremos nombrando, cuestionando, proponiendo y transformando. Defenderemos, ante todas las instancias, la dignidad de nuestra trayectoria y proyectaremos, sin miedo, quiénes somos y lo que representamos.

Hoy hemos tejido redes. Redes que nacieron para acompañarnos en la adversidad, pero que hoy existen para algo más grande: construir un futuro unidas. Sabemos que somos capaces de transformar la incertidumbre en proyecto, la pérdida en propósito y la experiencia en sustento para enfrentar nuevos retos, con la ética como guía y la justicia como horizonte.

Este no es un punto final. Es un umbral. El primer día del resto de nuestras vidas marca el inicio de una etapa distinta, más libre, más consciente y profundamente poderosa. Seguimos aquí. Unidas. Firmes. Y dispuestas a seguir construyendo, desde nuevos espacios, un diverso futuro profesional.