Norma Angélica Ávila Veyna*
El derecho fundamental a la reparación integral, conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “… requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible… determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron…1”.
Así, la reparación integral encuentra sustento internacional en los artículos 2 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y en los diversos criterios jurisprudenciales que, con relación al tema, ha emitido la CIDH; ambos de observancia obligatoria por virtud de la reforma constitucional en derechos humanos de 10 de junio de 2011.
Específicamente, en materia de amparo, el derecho a una reparación integral deriva del artículo 78 la ley de la materia, que establece en su párrafo tercero que, cuando el acto reclamado sea una norma general, además de declararse –en caso que proceda- la inconstitucionalidad de la misma, el órgano jurisdiccional de amparo podrá precisar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.
En sede interna, la SCJN, en abril de 2014, emitió la tesis 1a. CLXII/2014 (10a.) que, en esencia, sostiene la posibilidad de tomar medidas adicionales a la pecuniaria (indemnización), a fin de garantizar el derecho humano a una reparación integral, cuando se demuestre la existencia de un daño –material o inmaterial- ocasionado por el indebido actuar administrativo de las autoridades del Estado Mexicano. Asimismo, en abril de 2017, la propia 1ª Sala publicó la jurisprudencia 1a./J. 31/2017 (10a.), de la cual se infiere la facultad de que las y los jueces establezcan en sus sentencias, en aquellos casos en que la violación a derechos humanos lo merezca, una indemnización. Esto es, les faculta de manera expresa a tomar medidas adicionales a una sentencia meramente declarativa, a fin de hacer efectivo el derecho a una reparación integral.
De lo hasta aquí expuesto resulta válido sostener que, en el sistema jurídico mexicano, específicamente en materia de amparo, sí existe fundamento convencional, constitucional, legal y jurisprudencial para que, excepcionalmente, en aras de hacer efectivo el principio de reparación integral, las sentencias de amparo contengan además de la anulación del acto reclamado, una condena de un hacer, según la naturaleza del acto reclamado y de la violación detectada.
Además, con la emisión de sentencias de esa naturaleza, se dota de fortaleza al sistema interno de protección a los derechos humanos pues, a través de tales pronunciamientos –excepcionales y atendiendo a la naturaleza de la violación alegada- se tornaría innecesario acudir a un sistema subsidiario como lo es el interamericano, esperando la emisión de una sentencia de condena para el Estado Mexicano, ante la inobservancia a sus obligaciones de reparar a las víctimas de violación de aquéllos.
Con relación al tema, Don Sergio García Ramírez refiere que: “La ley nacional puede y debe salir al paso de condenas internacionales, proveyendo … medios para satisfacer esos daños, que pudieran anticiparse a las decisiones judiciales externas…”22; entre esas medidas, destaca, se encuentran las sentencias.
Así, me permito citar a manera de ejemplo, algunas sentencias emitidas en el Juzgado de mi adscripción3, en las cuales se adoptaron medidas diversas a las tradicionales, a fin de lograr una reparación integral4
En primer término, me referiré a la sentencia dictada en el juicio de amparo 1287/2022, relativo a un acto de discriminación respecto a un niño diagnosticado con espectro autista en la que se ordenó al centro educativo responsable, además de la reincorporación (en caso de que así lo deseara), la capacitación del personal directivo y docente, a efecto de que, en lo subsecuente, pudieran brindar la educación inclusiva a que están constitucionalmente obligados.
Asimismo, el amparo 160/2024, en el que se ordenó a las responsables, además de brindar a la quejosa la atención médica para su padecimiento (cáncer), el reembolso de los gastos erogados ante diversos entes privados a donde, derivado de la falta de pronta atención, se vio obligada a acudir
Finalmente, en el juicio de amparo 631/2024, promovido por dos mujeres a quienes el Oficial del Registro Civil, imipidió el ejercicio de su comaternidad, al negárseles el registro de su hija menor de edad, bajo el argumento de que el sistema presentaba un “inconveniente”, al no existir dos rubros de “madre”; además de ordenarse (desde la suspensión con efectos restitutorios), la inmediata expedición del acta correspondiente, la publicación de la sentencia en el Periódico Oficial del Estado, como un reconocimiento del actuar inconstitucional de las autoridades pero, además, se dijo: “sirva esta sentencia como disculpa pública a las promoventes del amparo pues, efectivamente, su orientación sexual; y el ejercicio de la comaternidad, bajo ninguna cirunstancia puede o debe implicar un trato diferenciado respecto al que se otorga al resto de las parejas heterosexuales pues, para la suscrita, no está en duda el amor con el que han procreado y criado a su hija”.
A través de criterios como los antes expuestos, se ha procurado evidenciar un verdadero respaldo institucional; y una postura activista y de vocación transformadora por parte del Poder Judicial Federal, así como una Justicia más sensible y cercana pues, en la actualidad, la función exige de las personas juzgadoras, en supuestos como los narrados, ser más humanas que juristas.