Por Janet Margarita Mijangos Cruz.

Hubo un tiempo en que el parto era un asunto que ocurría en casa, acompañado por parteras que conocían el cuerpo de la mujer y prácticas ancestrales para contenerlas en ese momento tan relevante de su vida. La medicina moderna llegó con promesas legítimas -y las cumplió en buena medida- la mortalidad materna disminuyó de manera significativa cuando el parto se trasladó a los centros de salud, pero ese desplazamiento tuvo un costo, la mujer dejó de ser la protagonista de su propio parto para convertirse en paciente de un protocolo, en muchas ocasiones rígido y hasta violento.

El personal médico asumió el control de las decisiones y la autonomía de la mujer quedó con demasiada frecuencia, en el pasillo de espera.

Hoy ese modelo está siendo cuestionado desde los más altos estándares del derecho internacional.

El parto humanizado como derecho.

El parto humanizado no es una preferencia de crianza ni una tendencia.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento dirigido a Brasil en el que reconoce que es un derecho que se establece en varios instrumentos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas y el sistema interamericano; y que este derecho “implica brindar durante el trabajo de parto cuidados centrados en la mujer y basados en los derechos humanos, con el objetivo de posibilitar una experiencia positiva y segura a nivel clínico y psicológico, con un trato digno y no discriminatorio, respeto por la autonomía de la mujer con información suficiente y consentimiento informado, protección de la privacidad y la confidencialidad, comunicación eficaz y culturalmente adecuada, apoyo práctico y emocional continuo y la posibilidad de estar acompañada de una persona de su elección”.

Los números detrás de la decisión.

Los datos que la CIDH colocó sobre la mesa son alarmantes: entre enero y agosto de 2025, Brasil registró 726 muertes maternas, el 65.8% correspondiente a mujeres afrodescendientes. El 57% de los nacimientos ocurrieron por cesárea -cifra que asciende al 82% en el sector privado- por encima de los umbrales recomendados por la OMS. La episiotomía rutinaria y la maniobra de Kristeller -ya prohibida por ese organismo- siguen practicándose sin consentimiento informado.

La CIDH no dudó en llamar a estas prácticas violencia obstétrica y señaló la necesidad de proteger a los médicos, enfermeras obstétricas, parteras tradicionales y personas abogadas que defienden el derecho a un parto humanizado. En palabras de la Comisión, “la falta de garantías eficaces del parto humanizado en Brasil ha afectado a los derechos a la vida, la salud, la integridad personal, la autonomía reproductiva y el consentimiento informado.”

Ante este diagnóstico, Brasil dio un paso legislativo relevante y el 8 de abril de 2026 se firmó la ley que legaliza el ejercicio profesional de las doulas en todo el territorio nacional.

Violencia obstétrica como parte de una desigualdad estructural.

La violencia obstétrica en América Latina no es un fenómeno aislado, es una manifestación de desigualdad estructural que afecta la dignidad de las mujeres de manera sistemática y son las mujeres indígenas quienes enfrentan los mayores niveles de maltrato, agravados por barreras lingüísticas y prejuicios sobre sus prácticas culturales. La Relatora Especial de la ONU, Dubravka Šimonović, en su informe A/74/137 situó a este fenómeno como parte de “una forma continuada de las violaciones que se producen en el contexto más amplio de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado.”

En ese contexto, el reconocimiento de la labor de las doulas y parteras tradicionales es uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento de la Comisión, al recomendar al Estado brasileño a reconocer sus conocimientos tradicionales, brindar protección jurídica a su trabajo y reforzar sus servicios con protocolos interculturales y lingüísticamente adecuados, como parte de la obligación de garantizar cuidados sanitarios dignos y no discriminatorios, estableciendo un estándar que debe resonar en toda nuestra región.

Doulas y parteras como garantía de autonomía.

Reconocer el trabajo de las doulas y parteras permitiendo su desempeño dentro del sistema de salud, es materializar el derecho de autonomía de la mujer, brindandole la posibilidad de tomar decisiones informadas y decidir libremente cómo parir. Las parteras han sido fuente de medicina tradicional para cuidar a la madre y el recién nacido en las comunidades a las que pertenecen y existe evidencia científica que demuestra que la presencia de una doula se asocia con menor tasa de cesáreas, reducción en el uso de anestesia y mayor satisfacción materna.

El reto real está en lograr que los sistemas de salud emitan protocolos que integren genuinamente los saberes de las doulas y parteras, sin subordinarlos al modelo médico como condición de legitimidad.

En México, la recientemente publicada NOM-020-SSA-2025 para establecimientos de salud que busca regular la partería y la atención integral materna y neonatal, fue impugnada por mujeres que ejercen la partería, quienes consideran que sus disposiciones imponen estándares técnicos propios del sistema médico, amenazan la subsistencia de prácticas ancestrales e incluyen sanciones que criminalizan su labor en lugar de protegerla.

Esa tensión tendrá que resolverse en tribunales escuchando a quienes ejercen esa práctica ancestral; además, deberá discutirse si esta norma amplía o restringe el ejercicio real del derecho de la mujer a decidir cómo y con quién parir.

En mi opinión, un marco jurídico adecuado debe proteger el derecho de autonomía de la madre y a las profesionales que la asisten, permitir que doulas y parteras se desempeñen con libertad, y garantizar que la elección de su acompañamiento no implique renunciar a la atención médica de urgencia cuando sea necesaria, no parece negociable.

En mi opinión, un marco jurídico adecuado debe proteger el derecho de autonomía de la madre y a las profesionales que la asisten, permitir que doulas y parteras se desempeñen con libertad, y garantizar que la elección de su acompañamiento no implique renunciar a la atención médica de urgencia cuando sea necesaria, no parece negociable.